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Convocamos a la sociedad civil para que rompa la indiferencia y reclame de las instancias gubernamentales la seguridad real para los jueces y magistrados, pues el ejercicio independiente y autónomo de la judicatura es la mayor garantía para el ciudadano; por ello, exigimos vehementemente que cesen todos los embates contra el actuar de la Corte, pues cualquiera que sea la forma en que se haga, desde el agravio y el linchamiento moral, hasta el atentado personal, socavan la democracia y alientan la intervención de Tribunales internacionales.

En estos momentos la sociedad debe rodear a sus jueces y el infinito bien de la seguridad debe amparar de modo privilegiado a sus jueces.

Como respuesta a esta invitación la ALIANZA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA, iniciativa que agrupa constituyentes del 91, organizaciones juveniles, artistas, académicos y lideres sociales, ha programado para el próximo miércoles 2 de junio  al “ Encuentro Ciudadano por la Justicia”

que se realizará en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de 9:30 a.m. 12:30 del día, con la participación de los representantes de las altas cortes, con el fin de expresar el apoyo ciudadano a la labor de los jueces y tribunales, y en especial, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional.

Esta será la ocasión para que distintas voces ciudadanas expresen su apoyo a la labor que han adelantado las altas cortes, y reafirmen el valor que para una sociedad democrática tiene asegurar la independencia y la autonomía de los jueces, dentro del principio de colaboración armónica de las ramas del poder público, tal como lo señala la Constitución Política.

Por todo lo anterior, queremos invitarlo (a) muy especialmente a esta jornada  y a acompañarnos con su muy importante presencia.

SI QUIERE ASISTIR AL ENCUENTRO CIUDADANO POR LA JUSTICIA ESCRÍBANOS A  alianza@alianzaciudadanaporlademocracia.net

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA, 25 años después. Bajo el Cristo ahumado de la gran Sala, el mismo que fue testigo horrorizado de los hechos del 6 de noviembre, nos reciben el Presidente (e), la Vicepresidente (e) y los magistrados Ibáñez y Espinosa. “Nos” es Alianza ciudadana, a la que entra todo el que quiera entrar (mejor si ya forma parte de una red), en la que sobresalen varias organizaciones juveniles, y cuyo núcleo son los constituyentes del 91.

Nos preocupa la soledad de la Corte frente a los ataques —que lo son— del Ejecutivo: las chuzadas, los seguimientos a las familias, computadores que desaparecen de las residencias, montajes burdos que buscan deshonrarlos. Y el mal ejemplo de insultos presidenciales a las sucesivas cabezas de la Corporación. Hoy, Fabio Valencia tiene 40 guardaespaldas, el actual Presidente de la Corte, cuatro. No todos los magistrados cuentan con carro blindado.

Esa misma mañana de martes 13, el Señor Presidente de la República llama a Radio Santa Fe. Dice hablar bajo juramento, en una actitud que enloda el sentido mismo de lo que es jurar. Desbocado frente a un Jairo Pulgarín en éxtasis, lo pone de mandadero a notificar a la Comisión de acusaciones y le ordena que transcriba fielmente. Insulta con su tono santurrón , afirma que el fiscal del proceso es subalterno de los magistrados y dictamina que el magistrado Valencia no podía asistir a la audiencia pública. En una descarada intervención en política en vísperas electorales, dice que deben continuar sus herederos. Y santifica lo que es un delito según el Código Penal: a mí me chuzaron y eso me sirvió, explica.

Los magistrados nos cuentan un largo viacrucis que no empieza con las chuzadas sino que se reflejó en la Ley de Justicia y Paz, en los desfogues presidenciales durante los procesos de parapolítica, con las extradiciones, que resultaron acabando con “la materia prima de esos procesos”. “Se nos enfrenta a la sociedad, se nos ataca”, dicen. No tienen “más armas que los códigos y la Constitución”.

A la Corte le preocupa el autor detrás del autor. Es decir, los siniestros aparatos organizados de poder. ¿La dejaremos sola, una vez más?

En la Sala plena, voceros de la Alianza Ciudadana se reunieron con magistrados de la Corte Suprema

En su reunión de hoy con magistrados de la Corte Suprema Justicia, la Alianza Ciudadana expresa gran preocupación por el grado de asedio que sufren los miembros de esta Corporación de Justicia, a través de  constantes amenazas contra su vida y la de  sus familias y también por los seguimientos ilegales a sus comunicaciones, su vida privada y hasta su información financiera y exhortó a que ese asedio termine.

Ante esta grave situación de vulnerabilidad de los magistrados, la Alianza convoca a los colombianos a resguardar la vida y la dignidad de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las demás cortes establecidas en la Constitución del 91.

El constituyente Augusto Ramírez Ocampo, al finalizar esta reunión con la CSJ, que en un momento como éstos en que se han puesto de presente unos seguimientos o chuzadas a los Magistrados de la Corte, resulta indispensable llegar al fondo de los hechos para saber finalmente quién ha dado la orden de hacer esas chuzadas ilegales.

Entre los eventos que realizará la Alianza Ciudadana en su labor de acompañamiento a la Corte Suprema de Justicia, se anunció un gran foro con invitados nacionales e internacionales, con el fin de discutir la situación en Colombia y América Latina de mantener los poderes no contaminados ni cooptados por el ejecutivo.

La Alianza solicitó esta audiencia, respondiendo al llamado que hiciera la sala plena de la Corte,  en un comunicado de prensa del 4 de marzo, en el cual se dirigen a la opinión pública para llamar la atención sobre “los graves peligros que se ciernen contra la Corte Suprema de Justicia”, refiriéndose a las amenazas contra Magistrados, testigos y víctimas y a la muerte  de funcionarios judiciales.



Como una indebida intervención del Gobierno en la Fiscalía calificó el vocero de Alianza Ciudadana para la Democracia, Augusto Ramírez Ocampo, el hecho de que los más altos dignatarios del Ejecutivo haya objetado la labor del ente acusador en la investigación relacionada con las interceptaciones telefónicas ilegales que se efectuaban desde el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

“Es una indebida intervención del Ejecutivo en órganos que hacen parte del poder judicial, como la Fiscalía y que fueron cuidadosamente elaboradas en la Asamblea Nacional Constituyente precisamente para que el Fiscal fuera un funcionario independiente del poder Ejecutivo”, señaló el también ex canciller de la República.

Señaló que es indudable que se trata de un ataque sistemático en contra de los más importantes representantes de la Rama Judicial, aún cuando manifestó que el Estado Social de Derecho sigue gozando de estabilidad y cohesión, no obstante el asedio al que sigue estando sometido el Poder Judicial.

“Ya no es posible atentar contra el principio del Estado Social de Derecho. Está amenazado y hay muchas fuerzas que quieren volver a conceptos ya superados, pero en este momento yo diría que el Estado Social de Derecho, en la mentalidad de cada uno de los colombianos, sigue vivito y coleando”, sostuvo.

Ramírez Ocampo hizo un llamado a la sociedad civil para que siga rodeando a la Corte Suprema de Justicia, con el fin de blindarla ante los ataques que quieren dirigirle desde diferentes flancos.

El pronunciamiento se dio tras la reunión de esta organización con los magistrados de la Sala Plena del alto tribunal, que analizan los nuevos descubrimientos de la Fiscalía en torno a las interceptaciones telefónicas de las que fue blanco la colegiatura desde el DAS.

La ONG Alianza Ciudadana, que reúne a varios ex constituyentes,dijo que el gobierno incurrió en una injerencia indebida cuando descalificó la investigación de la Fiscalía que evidencia la interceptación e infiltraciones en la Corte Suprema.

El representante de la organización, Augusto Ramírez Ocampo, dijo que se vulnera la autonomía de la Fiscalía la cual hizo un trabajo meticuloso sobre el tema de las interceptaciones telefónicas efectuadas por el DAS.

El ex constituyente hizo el pronunciamiento luego de sostener un encuentro con el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, a quien mostraron su respaldo por lo que el califico persecución al alto tribunal.

Ramírez Ocampo invito a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre la garantía para los altos tribunales.

Me considero supremamente honrado por el privilegio de poder instalar este importante evento para la democracia colombiana. Es tanto más significativo si se tiene en cuenta que los candidatos presidenciales han concluido este Acuerdo en pleno período electoral. La idea de construir un consenso democrático mínimo al que cualquier demócrata colombiano pudiera suscribir y que estuviera por encima de las muy legítimas y necesarias diferencias políticas e ideológicas ha ido madurando desde hace muchos años; ya fue promovida entre otros como “acuerdo sobre lo
fundamental” por el estadista Álvaro Gómez Hurtado hace casi 20 años.

En mis conversaciones con representantes de varios partidos políticos y representantes de la sociedad civil, la importancia de un consenso democrático surgió con frecuencia. También se discutió en el marco del Proceso Londres- Cartagena-Bogotá – un espacio de diálogo tripartito entre el Gobierno de Colombia, la sociedad civil y la comunidad internacional representada por el G-24, que tengo el honor de presidir. Por eso facilitamos la elaboración de este Acuerdo por los candidatos presidenciales y sus representantes. La democracia vive de la dicotomía entre un consenso sobre los elementos esenciales y sus mecanismos y de las diferencias legítimas y necesarias, que les ofrecen a los ciudadanos electores periódicamente una opción de programas y prioridades de gobierno. Los candidatos presidenciales han decidido llamar este consenso “Acuerdo Democrático Fundamental” para así resaltar su firme compromiso y la naturaleza fundamental de este. En los últimos años, una serie de proyectos de consensos políticos han surgido y varios de ellos están en buen camino de conclusión. El Acuerdo que se firma hoy no pretende de ninguna manerasuplantar los otros esfuerzos de consensos que están en vías de elaboración; pensamos más bien que junto con ellos hará parte de un proceso de conciliación de los colombianos y de superación de la
polarización que ha podido haber en el pasado. Como comunidad internacional saludamos esta tendencia muy positiva de convergencia de las
opiniones de los demócratas en Colombia y pensamos que esto da un ejemplo digno de ser seguido por muchos otros países que enfrentan diferencias comparables a las que ha conocido Colombia.

Tengo el placer de comunicarles que los partidos políticos, se han comprometido a hacer lo necesario para que este Acuerdo sea también suscrito por todos los congresistas recién elegidos de sus partidos y movimientos y a hacerle llegar el acta de firma a la Secretaria Técnica del Proceso Londres-Cartagena-Bogotá antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales para que estecompromiso pueda ser comunicado a todos los partidos involucrados en este Acuerdo. Igualmente, se han comprometido los candidatos presidenciales y los presidentes de sus partidos y movimientos, a celebrar una reunión anual para evaluar el progreso en la implementación del Acuerdo en la realidad del país. Además concordaron sobre un mecanismo que permita que dos partidos puedan, en cualquier momento, convocar una reunión extraordinaria si a su juicio la situación o algún evento requiere de una reacción conjunta de las fuerzas democráticas. No quiero extenderme más y me permito concluir mi intervención con la lectura del Acuerdo Democrático Fundamental de los 7 candidatos presidenciales de Cambio Radical, Compromiso Ciudadano por Colombia, Partido Conservador Colombiano, Partido Liberal Colombiano, Partido del Polo Democrático Alternativo, Partido Social de Unidad Nacional y Partido Verde.

Si lo llegan a cumplir, las11 de la mañana del 18 de marzo de 2010 puede pasar a la historia. Se trata de un acuerdo ”democrático fundamental” entre líderes de siete partidos y movimientos políticos. Un documento de diez puntos que pretende sellar una base de respeto a ciertos valores y principios políticos con el propósito de fortalecer la democracia.

Principios y valores que, sobre el papel, deben estar por encima de cualquier diferencia política e ideológica.

Así de escueto, parece complejo de entender. Pero los aspirantes a la Presidencia se comprometieron, ante la invitación de la Comunidad Internacional, entre otras, a condenar la violencia, el terrorismo, el narcotráfico…; a respetar la independencia de las instituciones; a asumir las responsabilidades individuales y colectivas si algún miembro del Estado, o de un partido político, infrinja la ley, los derechos humanos, o se alíe con organizaciones ilegítimas; a garantizar un Estado incluyente; a respetar el medio ambiente; y a guiar la política exterior con principios de interés nacional.

Alberto Álvarez Lleras, a nombre de Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical; Angelino Garzón, en representación de Juan Manuel Santos, de la U; Rafael Pardo, del Partido Liberal; Sergio Fajardo, líder de Compromiso Ciudadano; Fernando Araújo, presidente del Partido Conservador; Antanas Mockus, candidato presidencial del Partido Verde; y Gustavo Petro, aspirante a la máxima magistratura por el Polo Democrático, se comprometieron y estamparon sus firmas.

Ellos se reunieron en el salón de la Constitución del Capitolio. Y allí, ante la presencia del ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, sellaron el acuerdo. Muchos de ellos calificaron el acto como “histórico”. Quizás porque, desde la Constitución de 1991, hace 20 años, no se habían sentado siete fuerzas políticas a firmar un mismo documento y sin cambiarle una sola coma.

Precisamente, hace 20 años, quien habló de un gran acuerdo sobre lo fundamental, fue Álvaro Gómez Hurtado. Fernando Araújo reivindicó la figura de este dirigente y se comprometió a que su partido, el Conservador, respetará las bases de ese acuerdo, a la vez que aclaró que su firmá será sustituida en el documento por la de quien se convierta en el candidato de la colectividad.

Las buenas intenciones quedaron en el papel. La pregunta que surge tras las siete firmas es si servirá ese acto para fortalecer la democracia.

Rafael Pardo lo calificó de “necesario”, pero lamentó que haya sido una iniciativa de la Comunidad Internacional, y no de una propuesta nacional: “¡a tal grado de polarización hemos llegado…!”. El aspirante a la presidencia señaló que la única forma de fortalecer la democracia es “respetando la Constitución”.

Alberto Álvarez Lleras subrayó que la condena a la violencia y el terrorismo, el rechazo a todas las vías de hecho, y que si las instituciones se ubican por encima de los individuos, será el camino para fortalecer la democracia.

Sergio Fajardo cuestionó los medios “que se están utilizando” para llegar al poder. “Nosotros hemos cumplido, los estamos cumpliendo, y los seguiremos cumpliendo. Por eso estamos aquí firmando un acuerdo”.

Angelino Garzón, señala que el acuerdo requiere un compromiso inmediato. A nombre de la candidatura que acompaña como fórmula vicepresidencial, dijo que por los lados de la U no saldrá un solo epíteto. “Preferimos perder un voto antes que ofender. Preferimos perder un voto antes que comprarlo…”

“¿Firmar el acuerdo en qué nos puede cambiar?”, se preguntó Antanas Mockus antes de sellarlo con su rúbrica. A su juicio, ese papel, con diez puntos consignados, servirá como una especie de “cuenta de cobro” para quien lo incumpla. “Un acuerdo puede ser la primera base para construir un tabú; para que la sociedad convierta en tabú los atentados contra la vida, los recursos públicos. Para que la sociedad condene la violencia y por ningún medio se justifique cualquier atentado contra la vida, cualquier manejo equivocado de los recursos públicos…”.

El interrogante que se formuló Gustavo Petro es si en Colombia los acuerdos “se firman por firmar”, como a su juicio ha pasado con la Constitución de 1991 “que varias veces han intentado acabarla”. Para Petro de nada sirve este acuerdo si para muchos la “hecatombe es un vaso de wiskhy por encima de los dineros teñidos de sangre y cocaína con que se ha comprado la conciencia de muchos pobres (…); o si una bancada dirigida desde la cárcel va a ser participe de las leyes y podrá ser determinante en las elecciones presidenciales”. Por eso afirmó que la firma no debe ser un protocolo. “Esta firma es para cumplirla”.

El gobierno respaldó el acuerdo. Fabio Valencia Cossio, ministro de Interior, insistió en que el Ejecutivo “brindará todas las garantías” para la próxima contienda presidencial, y que respetará y respaldará a las autoridades electorales. “Esa ha sido siempre la iniciativa del gobierno”, dijo Valencia Cossio al recordar que el gobierno impulsó una reforma política que establece sanciones a dirigentes y partidos que se hayan aliado con la ilegalidad.

Este acuerdo fue promovido por el G-24, con el liderazgo del gobierno de Suiza que precisamente ejerce la presidencia de este grupo. Fue firmado por los siete partidos y movimientos que tienen aspiraciones en las elecciones del 30 de mayo, y que precisamente están entre las ocho fuerzas que tendrán mayor representación en el Congreso. La otra fuerza que no hizo parte de este acuerdo fue el PIN, que no tiene candidato presidencial.

Los 10 puntos del ‘Acuerdo Democrático Fundamental’

1.- El fin no justifica los medios. La regla fundamental de cualquier democracia es que todas las disputas políticas y sociales deben resolverse de manera pacífica y civilizada, con un mínimo de respeto entre adversarios, en observancia de la Constitución y la Ley, sin apelar a medios extralegales o violentos y sin recurrir a un lenguaje violento o descalificador.

2.- La violencia es contraria a la paz, que es un derecho y un deber de todos los colombianos y colombianas, motivo por el cual se debe promover su práctica efectiva en todo el territorio nacional. En tal sentido, condenamos la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro y cualquier otra práctica criminal por considerarlas contrarias a los principios universales de la democracia.

3.- En un Estado democrático, el monopolio del uso legítimo de la fuerza y de la justicia es competencia exclusiva del gobierno democráticamente elegido y los demás órganos del Estado.

4.- Los órganos del Estado tienen que actuar en estricto respeto de la Constitución y la Ley del Derecho Internacional, en particular de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. En el caso en que agentes del Estado infrinjan la Ley, el Estado debe asumir la responsabilidad correspondiente, junto con las responsabilidades individuales de los causantes del delito y por consiguiente de la reparación de las víctimas.

5.- La separación de poderes y el equilibrio institucional son principios de la democracia, y su defensa y respeto es obligación de todos los servidores públicos y de la ciudadanía en su conjunto. La base de la democracia radica en la división de poderes, en el fortalecimiento institucional y en la cooperación armoniosa de las diversas instituciones del Estado.

6.- La independencia y la eficacia de la Justicia son valores determinantes de un Estado de Derecho. Con el fin de asegurar la convivencia pacífica es indispensable que la Justicia funcione para garantizar los derechos fundamentales a todos los ciudadanos y ciudadanas, para resolver los conflictos entre los individuos de manera pacífica y para avanzar en la lucha contra la impunidad.

7.- Un deber de la ciudadanía y de manera especial de todos los partidos políticos es oponerse a todos aquellos fenómenos relacionados con la corrupción, la impunidad y las malas prácticas políticas y sociales. En este sentido, rechazamos de manera vehemente a quienes desde la política cohonestan con actores violentos, terroristas, mafiosos o corruptos. Los partidos políticos deben asumir su responsabilidad ante la ciudadanía por los comportamientos de todos sus candidatos y candidatas y personas elegidas a cargos públicos o nombrados con estos.

8.- Es deber de un Estado democrático ser incluyente y no discriminar a sus ciudadanos por ningún motivo. Asimismo, debe procurar que tengan condiciones de vida y luchar por la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad en el marco de la promoción y del respeto de los Derechos Humanos.

9.- El desarrollo del país debe estar en armonía con la conservación del medio ambiente y la biodiversidad en el ámbito nacional e internacional.

10.- La política exterior debe ser guiada por el interés nacional, superando las diferencias partidistas, y con el espíritu de entendimiento, cooperación y respeto entre los miembros de la comunidad internacional.

Por lo pronto, sugerimos algunos links claves para ejercer control ciudadano por la transparencia electoral en los comicios que se avecinan.

Misión de Observación Electoral

Semana.com

Votebién

Caracol Radio

La Corte le impidió a Álvaro Uribe llegar a un tercer mandato como Presidente de Colombia

Publicado por The Economist, traducido por Lázaro Ramírez

La Corte Constitucional de Colombia, al impedir que Álvaro Uribe llegara a la presidencia de nuevo, resolvió el dilema del líder sobre si intentaba quedarse en el poder o terminaba con su legado intacto. El país había estado en vilo por varios meses mientras esperaba la que sería la decisión de la Corte, la cual finalmente profirió su fallo en la noche del viernes 26 de febrero.

Por una votación de 7 a 2 la corte concluyó que un Referendo que hubiera preguntado sobre permitirle a Uribe ser candidato para un tercer período en las elecciones de mayo, era inconstitucional. La Corte sentenció que la iniciativa estaba llena de irregularidades y de “violaciones sustanciales a los principios democráticos”. Con la Corte resolviendo lo que Uribe había denominado su “encrucijada del alma” sobre si se cantidatizaba otra vez, el popular presidente dijo después del fallo que trabajaría por Colombia “desde cualquier trinchera” por el resto de su vida.

La Corte Constitucional aprobó una reforma en el 2005 que le permitía a Uribe ser candidato por un segundo período, el cual ganó en el 2006. Pero lo que dijo en aquél entonces la Corte en su sentencia, vaticinó la que sería la decisión del viernes (26 de febrero), específicamente cuando dijo que permitía la reelección por una sola vez. En el último fallo la Corte sentenció que el Referendo propuesto habría amenazado con cambiar el espíritu de la constitución y que hubiera alterado el sistema de pesos y contrapesos.

El tribunal falló que la recolección de firmas con que comenzó el proceso del Referendo y su paso por el Congreso estuvo cargado de irregularidades, los cuales el presidente de la Corte señaló como una “grave violación” de las leyes electorales y las normas de procedimiento. También en su paso por el Congreso la formulación ambigua de la pregunta del referendo fue cambiada para permitirle al Presidente buscar inmediatamente un tercer período, en lugar de después de un período de cuatro años. La Corte dijo que el cambió era inconstitucional.

El fallo demostró la independencia de la Corte, que los críticos de Uribe alegaban haberse perdido en medio del desvanecimiento de las líneas divisorias entre las ramas del poder. El ex magistrado, Manuel José Cepeda, dijo que el fallo era un “triunfo” para  las instituciones del estado que muchos temían no funcionarían.

Con esto, lo que promete ser una intensa campaña presidencial para suceder a Uribe comienza en serio. El ex ministro de defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, lidera las encuestas de opinión. Hasta el fallo de la Corte no fue siquiera un candidato declarado. Pero los simpatizantes de Uribe se encuentran divididos. Del 46% de colombianos que habrían votado por Uribe si le hubiera sido permitido cantididatizarse, sólo un tercio dijo que transferiría su voto a Santos, de acuerdo con una encuesta.

Los demás simpatizantes de Uribe se dividen entre otros siete candidatos que van desde un par de conservadores, Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, hasta Gustavo Petro de la izquierda. No es todavía claro si los partidos que habían acompañado a Uribe durante sus dos períodos como presidente se pondrán de acuerdo para apoyar un único candidato de cara a la primera vuelta de elecciones el 30 de mayo. El 14 de marzo los colombianos votarán para elecciones legislativas que indicarán cómo las fuerzas políticas se reagruparán después del fallo de la Corte.

Hasta ahora Uribe no ha nombrado a nadie como el sucesor que preferiría pero ha llamado a cualquiera que gane para que continúe sus políticas. En un discurso después del fallo de la Corte dijo: “No podemos perder nuestro camino”.

La mayoría de los candidatos ha prometido continuar con la política que ha sido exitosa en hacer retroceder a los rebeldes de las FARC de importantes áreas urbanas y en mantener la violencia rampante bajo control. Con la ayuda norteamericana y un impuesto a la renta Uribe incrementó las fuerzas de seguridad en la mitad. Además mejoró la seguridad y a cambio estimuló el crecimiento de la economía. Sin embargo, las tasas de homicidio llegaron a su pico el año pasado y la guerrilla ha intensificado los ataques sobre las fuerzas del estado. El segundo período de Uribe también se ha nublado por escándalos sobre abusos a los derechos humanos por parte de militares y por las chuzadas ilegales a la oposición por parte de la agencia de inteligencia del estado.

Aún cuando Uribe apenas se posesionaba en el 2002, Colombia estaba en un grave peligro de convertirse en un estado fallido. Uribe ciertamente ha logrado mucho. Sin embargo, para progresar Colombia necesita instituciones fuertes que hubieran estado en peligro de erosión bajo el mandato de un hombre fuerte eterno.

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